La agricultora y activista medioambiental Máxima Acuña, de 46 años, vive con su esposo y uno de sus cuatro hijos en el departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte de Perú, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde cultiva papas, col, rabanitos, manzana, valeriana y también plantas medicinales, porque no tiene una forma rápida de trasladarse a un centro de salud cuando tiene algún mal. El 18 de abril recibió en San Francisco, Estados Unidos, el Premio Goldman, considerado el Nobel verde, como heroína del medioambiente.
“Defendió exitosamente su derecho a vivir en paz y vivir de su propio terreno, codiciado por las empresas mineras Newmont y Buenaventura. Impidió la entrada al Proyecto Conga [proyecto minero de explotación de oro y cobre] a La Laguna Azul, una cuenca importante”, explicaban en un comunicado los organizadores del Premio. Acuña sucedía así en esta distinción a Berta Cáceres, la activista hondureña que fue asesinada en marzo pasado.
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Tras su visita a San Francisco y Washington, Acuña retornó el miércoles a Perú. Su casa se ubica en la parcela Tragadero Grande, en uno de los distritos de Cajamarca, al cual se llega en un recorrido de cuatro horas y media en una camioneta rural y 30 minutos de ascenso a pie. Ese camino está vigilado por empleados de seguridad de la empresa minera, pero no tiene un retén que impida el acceso a la prensa, ni que tampoco intimide a la familia Acuña en el trayecto hasta su casa, como sucede en otra vía alternativa.
“Caminen por donde voy para que no se hundan sus zapatos”, sugiere Acuña en el humedal [terreno de aguas superficiales]. El entorno que la rodea es uno de los motivos por los que la campesina ha permanecido en su casa: la zona es una reserva de agua para cuatro comunidades ubicadas cerca. “Esta parte se llama Tragadero Grande porque más allá hay un vacío entre los cerros donde cae el agua y se lo traga”, explica.
“Antes sacábamos truchas en La Laguna Azul. Cuando estuve en San Francisco me gustó ver a las personas cerca de un puente que sacaban muchos pescados con sus anzuelos, pensé cómo sería hacer eso aquí”, comenta.
Ahora no hay acceso a la fuente de agua, una de las más cercanas a su terreno. “Este es el corazón de Conga [el proyecto minero]”, explica su hijo Daniel, mientras muestra el lugar donde está construida la casa familiar. La empresa logró comprar terrenos aledaños a otras familias. El Estado otorgó a la compañía la concesión minera que abarca el área de la familia Chaupe-Acuña. Sin embargo, la agricultora, con su certificado de posesión y contrato de compra-venta, no se mueve.
Intento de desalojo
En 2011 vivieron el primer intento de desalojo, cuando empleados de seguridad de la empresa y policías golpearon a la campesina y a una de sus hijas. En ese tiempo no tenían teléfono móvil ni defensa legal, con los que sí cuentan hoy.
AMENAZAS Y DISPAROS
La familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de varias agresiones desde 2011. Los empleados de la empresa minera destruyeron una construcción de una ampliación de su casa, robaron 60 cuyes [mamífero roedor doméstico], desbarataron un sembradío de papa y mataron a dos perros. En algunas de estas acciones han participado, según denuncian, efectivos de la Policía Nacional. Estos efectivos tenían contratos por los que ofrecían servicios de seguridad a la empresa minera Yanacocha.
La disputa del terreno sigue en el Poder Judicial, pues aunque los Chaupe-Acuña han logrado resoluciones a su favor en primera y segunda instancia, la compañía espera la decisión de la Corte Suprema.
El fin de semana pasado, el Juzgado Mixto de la provincia de Celendín, en Cajamarca, revocó una medida cautelar interpuesta por la compañía Yanacocha contra la familia de la agricultora peruana: la resolución permite ahora realizar cualquier trabajo en el predio, como construir o cultivar.
El domingo pasado, Jaime Chaupe, esposo de Máxima Acuña, denunció que escuchó dos disparos al aire cuando se quedó solo en casa. Una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2014 al Estado peruano que dé protección a Máxima Chaupe, pero la comisaría más cercana está a dos horas y media y no se ha hecho efectiva. La policía acudió en la madrugada del lunes a verificar lo sucedido y dijo que no encontró ningún proyectil.
La familia Chaupe Acuña vive en el departamento más desfavorecido del país, en el que un 50,8% de la población es pobre y un 20% se encuentra en la pobreza extrema. Antes del ataque de 2011, cosía ropa para venderla en mercados. Hoy confecciona chales, hechos con lana de oveja, y los vende en la ciudad.
Tiene ideales y la convicción de que actúa correctamente. Como creyente, dice: “El día que muera o que me maten, mi Dios me va a recibir con los brazos abiertos. Pero de ellos [los que trabajan para la empresa minera y los policías que la agredieron], pobres, que no piensan en su alma. Aún siento temor y desconfianza de la policía”.
“No sé si la situación se calmará, voy a seguir defendiendo mi tierra, tengo fe y seguiré pidiendo justicia”, afirma, mientras toma un líquido de manzana preparado con el fruto de su terreno, donde el agua lo es todo. En su casa el agua limpia no corre por el grifo ni el lavabo, que no existen, está en pequeños pozos y acequias. Allí sigue ella, firme ante las empresas mineras, luchando como lo hizo Berta Cáceres.
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